La Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento (Decreto Supremo N.º 009-2025-EF) incorporan una regulación más moderna, técnica y ordenada para los mecanismos de solución de controversias previas a la suscripción del contrato.
Esta etapa es determinante dentro del procedimiento de selección porque permite corregir, aclarar y revisar actos que pueden afectar la validez del proceso antes de que se adjudique y perfeccione el contrato.
Su objetivo central es asegurar transparencia, evitar conflictos posteriores —incluidos arbitrajes— y garantizar la correcta adjudicación de la buena pro.
1. ¿Qué tipo de controversias pueden surgir antes de la suscripción del contrato?
Durante el procedimiento de selección, antes de firmarse el contrato, pueden presentarse controversias relacionadas con:
- Contenido de las bases del procedimiento
- Admisión o rechazo de ofertas
- Resultados de evaluación técnica o económica
- Otorgamiento de la buena pro
- Actos que puedan afectar derechos, competencia o igualdad de trato
Estas controversias no se resuelven vía judicial ni arbitral, sino mediante los mecanismos administrativos previstos en la Ley 32069, lo que asegura celeridad y especialidad técnica.
2. El recurso de apelación: mecanismo central de solución de controversias
El recurso de apelación es la herramienta principal para resolver controversias antes de suscribirse el contrato. La Ley 32069 conserva su estructura tradicional, pero incorpora mejoras orientadas a la tecnificación del sistema.
¿Quién resuelve el recurso de apelación?
Depende del monto y del tipo de entidad:
- Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)
Resuelve apelaciones cuando la contratación supera el umbral económico establecido por la Ley. - La propia entidad
A través del Titular de la Entidad o el órgano competente, para contrataciones de menor cuantía.
Esto permite distribuir la carga y asegurar que casos complejos sean evaluados por un órgano especializado.
Actos que pueden ser apelados
La Ley permite apelar:
- Admisión o descalificación de ofertas
- Resultados de evaluación técnica o económica
- Otorgamiento de la buena pro
- Determinadas actuaciones de la entidad que afecten la competencia
⚠️ Importante: Las bases integradas no pueden apelarse, pues debieron ser cuestionadas mediante consultas u observaciones.
Efecto principal: suspensión automática
La presentación del recurso suspende la suscripción del contrato hasta que la autoridad competente emita una decisión.
Este efecto busca evitar que se perfeccione un contrato con decisiones viciadas o controvertidas.
3. Principios rectores en la solución de controversias según la Ley 32069
La normativa refuerza tres principios esenciales:
a) Celeridad
El TCE y las entidades deben resolver en plazos breves para no paralizar los procesos de contratación pública.
b) Especialidad
El TCE está integrado por profesionales especializados en derecho administrativo y contrataciones públicas, garantizando decisiones técnicas y coherentes.
c) Transparencia y debido procedimiento
Las resoluciones deben ser públicas, motivadas y accesibles, consolidando confianza en el sistema.
4. Trámite del recurso y efectos sobre la buena pro
Una vez presentada la apelación:
- La entidad remite los actuados al órgano competente (TCE o entidad).
- Los plazos y formalidades están detallados en el Reglamento para evitar retrasos.
- Si la apelación cuestiona la buena pro, esta queda suspendida provisionalmente.
Esto evita que la buena pro se consolide mientras existe un conflicto no resuelto que podría afectar su validez.
5. Importancia de esta etapa dentro del sistema de contratación pública
La resolución de controversias previas a la suscripción del contrato cumple funciones estratégicas:
- Previene arbitrajes costosos corrigiendo errores dentro del procedimiento.
- Asegura la competencia, evitando adjudicaciones indebidas o viciadas.
- Protege el gasto público, garantizando procesos eficientes y decisiones sólidas.
- Fortalece la confianza del mercado, demostrando que existen mecanismos efectivos y rápidos para resolver conflictos.
La Ley 32069 ha reforzado esta etapa con reglas claras, decisiones más técnicas y un enfoque de integridad alineado con estándares internacionales.
