La Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento (Decreto Supremo N.º 009-2025-EF) estructuran el procedimiento de contratación en tres fases: actos preparatorios, fase de selección y ejecución contractual.
La fase de selección es decisiva porque es donde la entidad compara ofertas, evalúa criterios, responde consultas y adjudica la buena pro, garantizando la competencia efectiva, la transparencia y el principio de valor por dinero que guía esta nueva normativa.
A continuación, te presentamos una guía completa —clara, actualizada y optimizada para SEO— sobre cómo funciona esta fase bajo la Ley 32069.
1. Etapas del procedimiento de selección según la Ley 32069
El Reglamento establece que los procedimientos de selección competitivos pueden incluir varias etapas, dependiendo del tipo de contratación (obras, bienes, servicios, consultorías). Las etapas más recurrentes son:
- Convocatoria
- Registro de participantes
- Consultas y observaciones a las bases
- Precalificación (opcional según tipo de procedimiento)
- Diálogo competitivo o negociación (para contratos complejos o de innovación)
- Presentación de ofertas
- Evaluación técnica y económica
- Adjudicación para innovación (si aplica)
- Otorgamiento de la buena pro
El Reglamento también indica que los plazos de esta fase se computan en días hábiles, lo que garantiza claridad en la programación y evita retrasos injustificados.
2. Convocatoria y Bases del Procedimiento de Selección
La fase de selección comienza con la publicación de la convocatoria en el Registro Público de Contrataciones (PLADICOP).
El aviso debe incluir:
- Identificación de la entidad contratante
- Objeto del procedimiento
- Cronograma
- Bases del procedimiento
- Aplicación de instrumentos internacionales (si corresponde)
Las bases de selección son el documento central. Bajo la Ley 32069, existen bases estándar aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento del MEF, obligatorias para licitaciones, concursos, subastas y comparaciones de precios.
Estas bases definen:
- Requisitos de participación
- Criterios de evaluación técnica y económica
- Condiciones contractuales
- Factores de mérito y ponderaciones
La estandarización busca promover transparencia, competencia y uniformidad en los procesos.
3. Consultas, observaciones e integración de bases
Luego de la convocatoria, los proveedores pueden presentar consultas y observaciones sobre las bases.
- Consultas: sirven para aclarar requisitos o aspectos técnicos.
- Observaciones: señalan posibles errores, restricciones indebidas o ambigüedades.
Tras recibirlas, la entidad debe responder e integrar las bases, corrigiendo lo necesario para asegurar un proceso más equitativo y competitivo.
4. Precalificación, diálogo competitivo y negociación
En contratos complejos o de alto riesgo, el Reglamento permite etapas complementarias como:
Precalificación
Evalúa la idoneidad de los postores antes de presentar ofertas:
- capacidad técnica
- solvencia financiera
- experiencia
Diálogo competitivo
Permite que la entidad converse técnicamente con los participantes para definir la mejor solución antes de recibir ofertas finales.
Negociación
Orientada a optimizar condiciones económicas o técnicas, especialmente cuando existen riesgos o particularidades del proyecto.
Estas herramientas promueven mejores decisiones, sobre todo en contrataciones especializadas, estratégicas o de innovación.
5. Evaluación de ofertas y adjudicación de la buena pro
La evaluación se realiza en dos niveles:
- Evaluación técnica
- Evaluación económica
La entidad debe contar con evaluadores idóneos, experimentados y sin conflicto de interés.
La buena pro se otorga en base a los criterios establecidos en las bases, sin posibilidad de introducir cambios posteriores, garantizando objetividad y transparencia.
Para contrataciones de innovación, existen criterios adicionales:
- Impacto tecnológico
- Sostenibilidad
- Aportes al valor público
Esto se alinea con el enfoque de valor por dinero promovido por la Ley 32069.
Conclusión
La fase de selección definida por la Ley 32069 es clave para garantizar procesos transparentes, competitivos y técnicamente sólidos.
Una correcta gestión de bases, consultas, evaluación y adjudicación permite minimizar controversias, optimizar recursos y asegurar que el Estado obtenga la mejor oferta disponible.
