La ejecución contractual es la tercera y más crítica etapa del Sistema Nacional de Abastecimiento regulado por la Ley N.º 32069 y su Reglamento. Es en esta fase donde se verifica si la contratación realmente genera valor público, garantiza el cumplimiento del contrato y previene controversias que puedan derivar en arbitrajes o sobrecostos.
El nuevo marco normativo introduce mejoras relevantes en gestión, sostenibilidad, supervisión y eficiencia que transforman la manera en que las Entidades administran sus contratos.
1. Principios que rigen la ejecución contractual
La Ley establece principios que deben guiar toda la ejecución de contratos de bienes, servicios y obras:
- Valor por dinero
- Continuidad del servicio
- Predictibilidad
- Integridad
- Sostenibilidad
- Eficiencia en la gestión pública
Estos principios orientan a las Entidades a gestionar el contrato para maximizar beneficios para la ciudadanía, y no solo para cumplir formalidades administrativas.
2. Inicio de la ejecución contractual
La ejecución inicia con el perfeccionamiento del contrato, mediante firma o emisión de la orden de compra/servicio.
Para ello, el contratista debe acreditar:
- Garantía de fiel cumplimiento (y de adelantos cuando corresponda)
- Documentos de representación
- Requisitos de habilitación técnica y seguridad
- Cualquier obligación previa establecida en las bases
El Reglamento exige que las Entidades aseguren condiciones para un inicio oportuno, evitando retrasos atribuibles a la administración.
3. Ejecución de contratos de bienes y servicios
a) Bienes
La ejecución se centra en la entrega conforme del bien. La Entidad debe verificar:
- Cumplimiento de especificaciones técnicas
- Garantías y estándares de calidad
- Manuales, certificados y documentación obligatoria
- Instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique
El contratista debe entregar dentro del plazo, garantizar el producto y cumplir criterios de sostenibilidad y eficiencia energética cuando estos hayan sido incorporados.
b) Servicios
El enfoque está en el resultado del servicio y la calidad de la prestación.
La Entidad debe:
- Designar un Supervisor o Responsable
- Revisar informes, entregables e hitos
- Evaluar el desempeño conforme a indicadores
- Aplicar penalidades cuando corresponda
Para servicios especializados se exige matriz de riesgos, indicadores y verificaciones periódicas.
El pago procede tras la conformidad de la prestación, que debe ser objetiva y oportuna.
4. Ejecución de contratos de obra
Este es el tipo contractual más complejo. La Ley introduce mejoras para asegurar calidad técnica y reducir controversias.
a) Inicio de obra
Debe existir:
- Terreno entregado libre de interferencias
- Expediente técnico aprobado
- Plan de trabajo, metrados y calendario
- Designación del Inspector o Supervisor
Cualquier omisión puede generar ampliaciones de plazo o suspensiones.
b) Supervisión e inspección
El Reglamento fortalece el rol del Supervisor/Inspector como garante de calidad.
Sus funciones incluyen:
- Verificar metrados ejecutados
- Revisar modificaciones y adicionales
- Emitir conformidades parciales y finales
- Identificar riesgos y comunicar alertas de ejecución
c) Adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo
La Ley mantiene estas figuras pero con reglas más estrictas:
- Sustento técnico y económico
- Disponibilidad presupuestal
- Aprobación expresa
- Causas objetivas para ampliaciones (clima, interferencias, variaciones aprobadas, incumplimientos de la Entidad)
d) Valorizaciones y liquidación
- Las valorizaciones permiten el pago según avance real.
- La liquidación determina saldos, penalidades y liberación de garantías.
5. Modificaciones contractuales
Las variaciones deben ser excepcionales, razonables y debidamente sustentadas.
El objetivo: preservar la predictibilidad del contrato y evitar incrementos injustificados de costos.
6. Penalidades y resolución del contrato
Durante la ejecución pueden aplicarse penalidades por:
- Retrasos
- Incumplimiento de especificaciones
- Fallas en calidad
- Incumplimiento del plan aprobado
Si el incumplimiento es grave o reiterado, la Entidad puede resolver el contrato y ejecutar las garantías.
7. ¿Por qué la ejecución contractual es clave para el valor público?
Una buena adjudicación pierde valor si el contrato se ejecuta de forma deficiente.
La Ley 32069 incorpora herramientas para mejorar esta fase:
- Supervisión técnica reforzada
- Gestión y matriz de riesgos
- Indicadores de desempeño
- Control estricto de modificaciones
- Pagos oportunos y valorizaciones objetivas
- Criterios de sostenibilidad
El objetivo final: reducir arbitrajes, sobrecostos, retrasos y malas prácticas históricas en el sector público.
